He recibido un trato inhumano

He recibido un trato inhumano

El Clínico dictó informes contradictorios sobre los restos de su marido; en unos se le niega y en otro se le comunica que se habían incinerado. La viuda nunca dio su consentimiento, sospechó que una «mala praxis» le llevó a la muerte.

Hasta ahora no había sido capaz de soltar ni una lágrima. He tenido depresión, estrés, ansiedad; ahora ya puedo hablar». Carmen Rojo se expresa con tranquilidad, mide sus palabras y se siente ahora «satisfecha» porque un juzgado de Valladolid ha reconocido los «daños morales» que ha sufrido de Sacyl esta maestra jubilada de 67 años que reclamó insistentemente sin éxito los restos de su marido. Aacaba de ganar un pulso con la Consejería de Sanidad que ha durado nada menos que nueve años.

Le negaron reiteradamente durante más de dos años los restos mortales de Javier, su cónyuge, y luego los incineraron sin su consentimiento. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el Consejo Consultivo de Castilla y León y el propio consejero de Sanidad admiten que los directores del Hospital Clínico incurrieron en informaciones contradictorias y en falta de claridad. El juez y el Consultivo ven excesivos retrasos en la respuesta a sus peticiones;ella le pone calificativos: «He recibido un trato inhumano y muy despreciativo por parte de la Gerencia de Sanidad», precisa Carmen que ve en todo el proceso algo parecido a «un vía crucis» que «no se merece nadie».

Carmen Rojo se quedó viuda el 4 de diciembre de 2009. Ese mismo día presentó una denuncia contra el Clínico por «una posible mala praxis» durante el ingreso hospitalario de Javier. La viuda del fallecido autorizó una autopsia que no pudo hacerse «porque el cadáver había sido eviscerado previamente para la autopsia clínica» y estaba conservándose en formol. La investigación judicial no prosperó porque no había «hallazgos que nos expliquen la causa de la muerte», en palabras del forense asumidas por el juez. La sospecha quedó en el aire.

Al año siguiente de la muerte, el entonces gerente del Clínico, Carlos Fernández, emite un informe en 2010 en el que dice que las muestras tomadas del cadáver se encuentran a disposición del Servicio de Anatomía Patológica del Instituto de Medicina Legal. Al menos en cuatro ocasiones, esta mujer residente en Valladolid reclama los restos. Siempre recibe una contestación similar, excepto en octubre de 2014 fecha en el que el sustituto de Carlos Fernández en el Clínico, José María Eiros, sugiere que los restos han sido incinerados. Habían pasado dos años y medio de la primera solicitud y Carmen no había autorizado esa incineración ni había conseguido los restos de su marido. Sin embargo, otro informe de diciembre de 2014, que sólo se le facilitó en 2016, decía que los restos seguían en el hospital. ¿Cuál era la verdad? ¿Se estaba ocultando algo más? La desazón se imponía y las respuestas contradictorias alentaban la incertidumbre y la indiganción.

Fue entonces cuando reclamó a la Consejería el «daño patrimonial» por este «golpe emocional». «Se me ha privado de un derecho legalmente reconocido, de recuperar los órganos de mi esposo fallecido», dijo entonces, según consta en el expediente.

Llueve sobre mojado. Por si fuera poco, el marido de Carmen ya había sido víctima de una negligencia médica de Sanidad. Un Juzgado condenaba a Sacyl a pagarle 130.000 euros por una infección que le llevó a amputarle parcialmente una pierna en una operación de prótesis de rodilla realizada en 2004 en el hospital privado Felipe II, dónde le derivó el Clínico. Javier tenía entonces 57 años. El paciente nunca pudo conocer esta sentencia publicada en 2012, ocho años después.

Pese a todo no pierde los nervios. «He vivido todo este proceso con entereza y decisión. Me he visto muy apoyada por mis dos hijas, por mis familiares, por mis amigos y por la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y por el despacho de Santiago Díez».

Nadie en Sanidad se ha disculpado con Carmen, nadie de la Consejería se ha dirigido a ella tras la sentencia que reconoce daños morales. Tampoco durante todo el proceso. «No obtuve ninguna consideración ni disculpa por el trato recibido. «Desde un principio sabía que no podía recuperar a mi marido. Me tratatan como un expediente, como si fuera un número». Siempre vió en el hospital y en la Gerencia de Sanidad «poca empatía». «No se han puesto en mi lugar», lamenta, al tiempo que insiste en que digamos que no engloba «a todos el personal sanitario bajo una misma etiqueta. «Los hay humanos y otros que son desconsiderados con el paciente y con su entorno familiar. No todos trataron mal a mi marido».

Echa de menos un mayor respeto, sobre todo cuando ve esos eslóganes que hay en los centros de salud y hospitales que se definen como «espacio de Salud y de respeto».

No obstante, Carmen reconoce que el exgerente del Clínico y actual concejal del PP de Valladolid, Carlos Fernández, le recibió en su despacho cuando lo solicitó. Fernández ha declinado ahora valorar la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo. Fuentes próximas al exdirector del Clínico explicaron a este diario que se encuentra fuera y no tenía posibilidad de ver la documentación.

Fernández fue director del Clínico entre agosto de 2007 y el 20 de septiembre de 2013. Le sustituyó entonces José María Eiros, quien permaneció en el cargo hasta diciembre de 2016. «Es bueno que la Administración repare cualquier agravio o lesión que haya sobre los pacientes», declaró Eiros a este diario, si bien subrayó que no podía ser más preciso sobre el fondo del fallo judicial porque no había leído la sentencia y no recordaba el caso.

La sentencia de lo Contencioso se basó en parte en el dictamen del Consejo Consultivo previo a la resolución de Sanidad. El fallo judicial considera justificado que el hospital no entregara las muestras biológicas, pero critica la excesiva demora de la Consejería en la instrucción del expediente, subraya las contradicciones entre los informes de los dos directores del Clínico y reconoce como lógico «el estado de incertidumbre y la «justificada indignación» de la viuda «que es merecedora de la consecuente reparación». Por ello, se sitúa en una decisión salomónica en la indemnización:ni «la propina» de 1.000 euros que dice el Consultivo, ni los 20.000 que solicitó Carmen Rojo: 8.000 euros. Eso sí anula la resolución firmada por el consejero que negaba cualquier tipo de compensación porque, a su juicio, no existió daño moral.
Para esta ‘viuda coraje’ lo de menos es la cantidad económica. Carmen Rojo se siente satisfecha y anima a los usuarios de la sanidad pública a dirigirse al Defensor del Paciente.